Andan contentos los empresarios de la construcción esta semana. El Tribunal Supremo sigue fallando a su favor y condenando al Gobierno a pagarles indemnizaciones millonarias por las consecuencias de la moratoria turística. Indemnizaciones que, de una u otra forma, pagarán los contribuyentes canarios. Al decir de los empresarios, la moratoria ha sido una peste para las Islas: Fernando del Castillo, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo (¿por qué lo llaman turismo cuando quieren decir construcción?), habla de “fiasco”, “injusticia”, “pérdida de competitividad”, “perjuicio añadido para muchos canarios que pudieron haber sorteado la crisis sin pasar tantas penurias por el alto nivel de desempleo”.
Resultaría conmovedora tan sincera preocupación por el futuro de esta tierra y el bienestar de sus habitantes, si no fuera por un par de leves detalles que nunca mencionan los empresarios de la turismoconstrucción, y que son el verdadero fondo del asunto. Uno: llevan años encadenando cifras récord de visitantes sin crear empleo. Años con el cartel de prácticamente lleno y con los indicadores de precariedad y de pobreza en cifras de países no desarrollados. Trece millones trescientos mil turistas en 2015 y los niveles de desigualdad desbocados. ¿Dónde está ese empleo que llevan años anunciando? ¿Dónde está esa prosperidad que nos vienen prometiendo? Canarias ya recibe más turistas que Japón, más que Hawaii. Sólo Gran Canaria ya recibe más visitantes que Cuba. ¿Qué más hace falta? ¿O será que la moratoria es mágica y una vez derogada el empleo llegará por arte de birlibirloque?
Dos: la costa canaria está ya casi esquilmada, alicatada hasta arriba. No quedan sino unos pocos reductos sin colmatar. A Canarias no le queda ya ni un metro cuadrado más que ceder a la construcción si no queremos condenar nuestro futuro por las promesas de cuatro vendehumos. Porque eso es lo que hacen los empresarios de la turismoconstrucción: vender humo. Prometer pan para hoy y hambre para mañana.
Con todo, lo grave de todo esto no es que el empresariado no quiera ver más allá de bloques y concretera. Lo grave no es que pidan manga ancha para sus intereses, sin regulación de ningún tipo y a costa del futuro del país. Lo grave es que los mismos que se pasan por el forro la normativa, los mismos que delinquen como les da la gana, destrozan el medio y perjudican a la gente durante décadas, los mismos que presionan a cargos públicos para que le “aprieten el tosnillo” a los técnicos y los informes les sean favorables, esos andan diciendo que el Gobierno de ahora tiene una actitud más dialogante.
El Gobierno de ahora, el del presidente Clavijo, el dialogante, quiere modificar la ley del suelo para “simplificar los trámites administrativos”. Para propiciar la construcción de más hoteles, interpreto. Es el mismo Gobierno emperrado en implantar plantas de gas licuado, algo tan disparatado que lleva a pensar mal ante la falta de argumentos racionales que respalden la ocurrencia. Es el mismo Gobierno que declara estratégica una planta de biomasa en Las Palmas a sabiendas de que será contaminante, de que dañará la salud de las personas y de que se incrementa el riesgo de plagas, además en islas con un medio altamente vulnerable.
Andan contentos los empresarios de la turismoconstrucción porque las cosas se les ponen de cara para seguir haciendo caja a costa de todos. Porque este Gobierno parece tener muy en cuenta sus intereses. Este Gobierno parece querer gobernar para ellos. Pero y los intereses nuestros, los de todos, ¿quién los defiende?
