Cataluña ya tiene nuevo presidente y puede ponerse a formar gobierno. En España se aventan escenarios apocalípticos y en Canarias no faltan los hondamente preocupados por el proceso independentista catalán, que a estas alturas no sé todavía en qué afectará tan hondamente a Canarias como para estar tan hondamente atribulados.
Estos días se redoblará la intensidad de los guineos varios con que nos llevan aburriendo al personal ya hace tiempo. Destaca un par sobre el resto por aparecer siempre como axiomas, como verdades incontrovertibles que no necesitan demostración y que se dan por sentadas: una es la unidad de España. Otra, la obligatoriedad de cumplir la ley.
La unidad de España, o sea del Estado, no es sin embargo un fin en sí misma, sino un medio. Un medio para la convivencia, la prosperidad, el progreso… Cuando alguna de las partes considera que ese medio no sirve para lograr los fines que se persiguen, se quiebra la unidad y desaparece. Entonces sólo cabe tratar de recomponerla, refundarla en otros términos o abandonarla. Porque la unidad obligada o a la fuerza no existe. No sería unidad, sino otra cosa.
La ley es de obligado cumplimiento para todos. Esa es una de las bases de la convivencia. La ley, sin embargo, no es inamovible ni está esculpida en piedra. Sólo cumple su papel si está adaptada a las circunstancias, si está actualizada, y si no la cuestiona una parte sustancial de la sociedad. La ley se va modificando según se transforma esa sociedad, de lo contrario pierde vigencia y deja de cumplir su papel. En España la Constitución no se ha adaptado ni reformado (bueno, sí, el artículo 135 se reformó corriendo y a espaldas de la gente), pero se exige su cumplimiento. Más grave todavía resulta que algunas instancias perviertan la ley, pero le exijan a otras su respeto escrupuloso. Es la mejor forma de vaciar la ley de contenido. Ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Ocurre con el incumplimiento reincidente y recalcitrante de la ley orgánica del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Toda comunidad humana tiene derecho a decidir su modo de vida, a escoger el camino por el que transitar. Es lo que está haciendo Cataluña, con mayor o menor acierto, en condiciones más o menos halagüeñas, en una dirección que podemos compartir o criticar. Pero que no se contiene con llamados hueros al falso fin en sí mismo de la unidad (¿unidad para hacer qué?) ni con leyes obsoletas que ya no sirven a muchos, que más que instrumentos de convivencia se emplean como herramientas de control.
Cataluña ya tiene nuevo presidente, comprometido con el procés. Canarias también tiene un presidente bastante nuevo. Uno que antes que reclamar la deuda histórica y clamar contra el expolio y el mangoneo de tantos, casi pide perdón por existir. El nacionalismo canario en Madrid, lo llaman. Qué odiosas son las comparaciones.
