Ya lo dice la conocida cita del pastor alemán Martin Niemöller, atribuida erróneamente al poeta y dramaturgo Bertolt Brecht: «primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde». La solidaridad es un acto voluntario y absolutamente subjetivo, pero es necesario tener en cuenta que mirar para otro lado cuando la injusticia vive al lado, es un acto también de irresponsabilidad.
Como en el caso de Guacimara Vera, entre otros muchos que han ocurrido en Canarias en los últimos años. Igual usted no sea estudiante, ni activista social, ni mujer, pero quizá no le hagan falta esos requisitos para sensibilizarse con este tremendo montaje policial, que ha mantenido a una persona en un sin vivir durante más de dos años. Una vez sobreseída la acusación a Guacimara Vera, por presuntamente agredir a un policía en el inicio del curso académico 2012/2013, quedan en la gaveta muchas dudas acerca de este engorroso caso, además de lecciones a tener en cuenta. Están enumeradas en seis puntos:
1. Si miramos las fotos y los vídeos de aquella inauguración del curso 2012/2013 observamos exceso de violencia policial. Basta con ver este vídeo (también en la parte inferior de la entrada) y las galerías de fotos de varios medios. A día de hoy no hay un solo agente imputado por aquel aquelarre de golpes y porrazos, la única persona imputada hasta hace una semana era Guacimara Vera, que recibió varios impactos de las porras. Otras dos personas sufrieron lesiones graves, un joven con traumatismo cerebral y una estudiante con esguince cervical. En ningún momento se vio actitud violenta por parte de los estudiantes y la reacción policial se presume totalmente desproporcionada. Reitero que ningún miembro del estamento policial ha sido llamado a declarar por estos hechos, la única persona que recordó este 13 de septiembre de 2012 cada día de estos más de dos años, fue Guacimara Vera, a quien la Justicia le dio finalmente la razón. La reflexión que nos queda es la siguiente: ¿Qué tipo de democracia es aquella que permite a funcionarios públicos agredir a estudiantes en plena calle y salir indemnes de los hechos? La democracia del estado español, que nosotros también sufrimos, y que recibió 6.621 denuncias por malos tratos o torturas policiales en los últimos diez años.
2. Imputar a un manifestante para evadir culpas de una actuación de excesiva dureza, es una táctica policial. Así lo afirma Pau Pérez, asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y perito en tribunales estatales e internacionales para víctimas de maltrato y tortura: «muchos policías utilizan denuncias falsas de resistencia y atentado a la autoridad como estrategia disuasoria frente a denuncias de malos tratos». En cuanto a la tolerancia de la Justicia ante estas denuncias que después se demuestran falsas, Pérez señala que “no me cabe ninguna duda de que el Consejo General del Poder Judicial tiene perfecta constancia del uso de denuncias falsas de resistencia y atentado a la autoridad como estrategia disuasoria frente a las denuncias de malos tratos y de la tolerancia pasiva de muchos jueces por razones que no atisbo». Por lo tanto estamos ante una doble amenaza: los funcionarios públicos que se encargan de la seguridad en las calles, actúan como pandilleros y cuando se les va la mano imputan a uno de los manifestantes con acusaciones ridículas. Por otro lado, la pasividad de la Justicia con los mentirosos y la falta de arrestos para llegar al fondo del asunto.
3. Generalmente eligen para imputar a personas que conocen de sobra, algún militante que lleve años en los movimientos sociales y que sea asiduo a las protestas. Ese perfil lo cumplía José Morales en Lanzarote, acusado sin que lo identificaran, y Guacimara Vera, que lleva desde su juventud en los movimientos sociales, en organizaciones como Azarug o Alternativa Nacionalista Canaria. Así matan tres pájaros de un tiro, se quitan el peso de asumir sus actos, criminalizan a un activista reconocido, que pasa a volcarse en defenderse y no a luchar en las calles, y da un mensaje al resto: «las cadenas están ahí, si molestas demasiado, vamos a por ti». Es una forma de criminalizar la protesta social y de desactivarla, ahogando económicamente a organizaciones y personas individuales, y haciendo depender todos los esfuerzos a la defensa judicial. Y todo esto siendo acusaciones falsas y chapuceras, como el caso de Guacimara Vera.
4. Tengamos cuidado por las calles. El agente que denunció a Guacimara está ejerciendo su profesión. Cuidado cuando paseen, si se dan la vuelta y le tocan el cuerpo, están perdidos: el muchacho dirá que le agredieron, que le rompieron un diente o algo por el estilo. Máxime si es en una concentración. Volverá a llevar una porra y la usará cuando quiera, pero siempre será víctima. Haga lo que haga no será juzgado y ningún juez le reprochará que haga una denuncia falsa. Y como él, otros tantos que solo conciben esa forma de hacer su trabajo.
5. Con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, la cosa empeora más si cabe. Esta ley, aprobada el pasado diciembre con el único apoyo del Partido Popular, tipifica como sanciones muy graves, con multas de entre 30.001 y 600.000 euros, «reunirse o manifestarse sin comunicarlo en instalaciones que presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones». Quizá esta misma denominación podría haberse usado para el Rectorado. Como sanciones graves, con multas entre 601 y 30.000 euros, «perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas. Cuando no constituya infracción penal», «tratar de impedir, al margen de los procedimientos legalmente establecidos, ‘a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial’ el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Siempre que no sea delito», «negarse a disolver una reunión o manifestación cuando lo ordene la autoridad por no ser lícita, porque hay alteraciones o porque los asistentes hacen uso de uniformes paramilitares (quizá llevar un libro convierta a los estudiantes en peligrosos)» o «usar imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad ‘que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información'». Si seguimos con las leves, sancionadas con entre 100 y 6.000 euros, nos encontramos con supuestos sancionables como «celebrar reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público sin comunicarlas, sin garantizar en ellas el ‘buen orden’ —los responsables son los organizadores— o saltándose su prohibición o cambio de recorrido decidido por la autoridad». Por lo tanto, dependiendo del criterio a seguir por los cuerpos policiales y las ganas de criminalizar (a tenor de la imputación de Guacimara, parece que fueron muchas), una manifestación similar en un futuro puede sumar varios miles de euros en sanciones para los convocantes. Una clara vulneración de la libertad de expresión, que ya han denunciado varias organizaciones y colectivos en los últimos tiempos. Lo que buscan, evidentemente, es retraer mucho más si cabe la protesta social.
6. Como hemos visto, para probar la inocencia de Guacimara Vera fueron esenciales los vídeos y fotos que se tomaron en la protesta de los estudiantes cerca del Rectorado. Pero atiendan a esta infracción tipificada como grave en la Ley de Seguridad Ciudadana: «usar imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad ‘que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información'». Este punto de la controvertida ley está siendo denunciada desde las organizaciones profesionales de periodistas, y que en su aplicación está siendo interpretada a su antojo por el estamento policial. El último caso ocurrió en Madrid, donde el reportero Jaime Alekos fue detenido en el ejercicio de su profesión. Con todo, nos quedaría un panorama desolador, donde los activistas están señalados con el dedo y los profesionales de la información no pueden ejercer su trabajo, una labor esencial para luego esclarecer el fondo de las denuncias, como se evidenció en el caso de Guacimara.
