Uno de los retos fundamentales al que aspira la sociedad canaria es a ser dueños de su futuro y motor esencial de su presente. Cualquier proceso político que busque transformar la realidad de este archipiélago debe tener claro la necesidad de acabar con el hecho histórico de que las decisiones de lo que aquí ocurra sean fundamentadas en voluntades, bien parciales en el interior, o bien radicadas en centros de poder a miles de kilómetros de distancia (en el más común de los casos). Es indispensable hacer de este pueblo un sujeto político soberano, que sea capaz de mirar conjuntamente los problemas que atañen a todo el territorio, salvando ese reduccionismo basado en la fragmentación geográfica, o superando el tutelaje en el análisis y la resolución de cuestiones propias.
Parto de la máxima de que a mayor descentralización, mayor bienestar, y que sólo se puede construir un país empezando por el pueblo más chico del municipio más pequeño. Por ello, no se debe considerar el insularismo como una ideología negativa per se, siempre que la entendamos como la defensa de las instituciones y la ciudadanía insular, de los intereses de su propia isla. Desde este punto de vista, el insularismo, el municipalismo, el localismo… son teorías coherentes, positivas, siendo su radio de acción los problemas que atañen a dichas delimitaciones territoriales.
Se convierte sin embargo, en una idea perversa cuando frena las voluntades e inquietudes de sus ciudadanos justo hasta donde empieza el mar, y muta en un mecanismo de pensamiento que traspasa a los problemas insulares y se utiliza de filtro para mirar y analizar al resto de habitantes de este pueblo, abstrayéndose de su realidad geográfica global, y dando lugar a conclusiones atrofiadas en el análisis y resolución de problemas como sucede, en el peor de los casos, cuando se supedita las mejoras de unas islas al empeoramiento de otras.
En la superación de estos viejos esquemas, y la consolidación del nuevo paradigma, la oposición del pueblo canario a las prospecciones petrolíferas está jugando un gran papel. Uno de sus aspectos más relevantes es que ha tenido la característica de atravesar toda el alma de esta tierra desde Caleta de Sebo a La Restinga, a pesar, no obstante, de que los riesgos asumidos por cada una de las islas en un posible derrame son muy distintos. Este proceso ha elevado nuestra dormida conciencia como colectivo, como comunidad humana y como sujeto político mandatado a decidir sobre lo que en cualquiera de sus regiones suceda. Así, por tanto, a la hora de elaborar una votación sobre las prospecciones no hubo duda alguna de que el marco de decisión de lo que pasara en las aguas frente a Lanzarote y Fuerteventura, no correspondían en esencia a estas dos islas, ni tampoco al Estado, sino a todos y cada uno de los habitantes de las Islas Canarias.
Más allá del sentimiento de solidaridad, el sustrato ideológico que vertebra estas acciones es la conciencia popular de que todos formamos parte de una causa común, en un lugar determinado, en el que somos conscientes de que existen los iguales en el otro extremo aunque en muchos casos no tengamos la posibilidad de conocerlos o verlos siquiera.
Ese sentimiento embrionario primitivo, depauperado y traicionado en su deriva política, debe consolidarse como eje transformador para la lectura y la resolución de los retos que nos aguardan como sociedad, tal como el movimiento contra las prospecciones ha conseguido hacer.
Avancemos entonces hacia un proceso abierto, en el que demos contenido a nuestro ser como pueblo, hagamos de nuestro marco legal un espacio donde adquirir y proteger nuestras competencias, profundizando en ellas, al tiempo que construimos nuevas normas más acordes con lo que el futuro nos depara. Seamos un pueblo empoderado, consciente de su existencia, soberano en el sentido más amplio del término; lo cual nos obliga a asumir la responsabilidad conjunta de llevar a cabo la difícil tarea que es transformarnos a través de nosotros mismos.