La encarnizada brega en la que se encuentra el pueblo canario en contra de las prospecciones petrolíferas en sus costas y por la reafirmación de su soberanía está llegando al momento de tensión más elevado, y es que la ruptura institucional y ciudadana comienza a tomar tintes de irreversibilidad.
A las canarias y canarios nos debería bastar con que nuestros representantes políticos, transmitieran nuestro sentir, quiero decir, los partidos que gobiernan el territorio canario están legitimados por las urnas para hablar en nuestro nombre. Sin embargo, por todos es sabido que estas nociones simples de democracia representativa básica, no se contemplan en Madrid, donde la opinión de las instituciones canarias ha sido ninguneada hasta el extremo, tanto que no alcanzo a recordar ningún precedente similar en este marco territorial, profundamente ambiguo, de las Autonomías.
Es por ello, que nos encontramos aquí, en una encrucijada importante de nuestra historia como pueblo, y que tratamos de resolver con un proceso de consulta ciudadana, apelando a un doble filtro democrático ( después de la respuesta institucional), que ratifique el rechazo y que haga cada vez más grande el contenido antidemocrático que sería la vulneración de nuestra voluntad.
Así pues, con el ruido de fondo de una sinergia inseparable PP- Repsol y Repsol-PP que trata de ridiculizar a la ciudadanía canaria acusándola de mangoneada, de vendida por bocadillos y batucadas, de decepcionante… nos encontramos con unos movimientos sociales reflorecidos con fuerza y decisión que deben ser la la cabeza visible del movimiento.
En el medio, los partidos del Gobierno de Canarias con dos cadáveres políticos al frente buscan en la lucha antiprospecciones ampliar su horizonte, bien rescatando los votos que el descrédito les hizo perder tras años de inmovilismo y gestión nefasta; bien acabando en alto su andadura política con una victoria; o bien con la nada descartable acción de lavarse las manos y mandar un indolente mensaje de que «se hizo todo lo que se pudo» (con la consiguiente alegría de Fernando Clavijo, que está deseoso de que se cree una fractura en el movimiento antiprospecciones, para plantear sus tesis colaboracionistas).
La consulta nos contenta a la mayoría, el tema tiene tanta transcendencia para nosotros y los que vienen después, que lo normal en democracia sería expresarnos mediante el voto. Sabemos que entre los contrarios a esta hay grandes núcleos de poder pero el retrato va a ser tan nítido que muchos de ellos no podrán encajarse más nunca en el disfraz de demócrata. Todo a su tiempo.
En relación a esta, la Cumbre Contra las Prospecciones Petrolíferas, donde estaban representados los movimientos sociales del Archipiélago, arrojó una serie de puntos que deben guiar nuestra lucha. Especialmente relevante es el que versa sobre que la consulta debe gozar de unas mínimas garantías democráticas, y en esta difícil empresa, no queremos ni debemos dejar solo al Gobierno de Canarias, por lo que es fundamental que los ciudadanos, y el tejido social de nuestro país tengan la suficiente presencia para que llegue a buen término.
En este sentido debemos fiscalizar que la pregunta sea consensuada y que, aún sabiendo que tendrá que enmarcarse dentro de los parámetros de la Ley autonómica de Participación Ciudadana, cuyas referencias giran en torno a las competencias del ente territorial, se acote lo más posible los términos en aras de que se clarifique nuestra postura.
Que se pondere si es necesario o no, incluir el voto por internet como apunta el Gobierno canario, debido a las insuficientes experiencias que existen y lo fácil que sería deslegitimar una votación, para la maquinaria propagandística del Estado y Repsol. O que se logre un mecanismo que garantice la fiabilidad de los votos, evitando que se ahogue nuestra voz, bien por un censo insuficiente, bien porque el mecanismo de participación sea tan amplio y difuso que no se oiga la opinión clara de la ciudadanía canaria.
Esta nueva fase, que puede ser definitiva (no última), significa un punto de inflexión en nuestra historia reciente, porque supone no solo que cada uno de los individuos que forman este pueblo se expresen, sino que las Islas Canarias como una entidad política, jurídica y social, autoconsciente de su existencia, ejerza su soberanía. Un precedente que seguro será un aliciente para continuar la lucha del legítimo derecho de que decidamos los aquí vivimos sobre lo que aquí ocurra.
No cabe otra que mirar hacia delante, controlando que la lucha siga siendo ciudadana, apoyar aquello con nos democratice, que nos empodere como colectivo y seguir avanzando con pies de plomo, sabiendo qué hacerse y cuál es el destino. Es la tarea del pueblo. Una vez más tendremos que salir a la calle.
