COLABORACIÓN
“Canarias fue la comunidad donde más creció la pobreza entre 2008 y 2011, un 21 %, casi el triple de lo que lo hizo en el conjunto de España (8 %)” Así reza la primera frase de una noticia que leí hace un tiempo en el diario La Provincia. La tasa de riesgo de pobreza (el porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza), fue del 33,8% en 2011 y todo indica a que siguió subiendo en los dos siguientes años. La media estatal fue en este mismo año, en cambio, del 19%. Canarias, a su vez, contiene a la sociedad más desigual de España (junto con Andalucía y, ¡oh, sorpresa!, Madrid). Veintiuna familias ostentan el 8% del PIB, unos 42.000 millones de euros, mientras que tan solo el 0,2% de la población (4.000 personas) posee el 80% de la riqueza canaria. Hoy sabemos que la tasa de paro canaria alcanza ya el 35,12%. Si ya nos enteramos a principios de este mes que el Estado español era el estado con mayor desigualdad de la eurozona, al sur del sur de Europa, la disparidad de oportunidades para acceder a los recursos es tan violenta que solo la fortaleza de las redes de solidaridad familiares y comunitarias y la extensión de la economía sumergida se subsistencia explica que no sea tan visible una situación social insostenible y dramática.
La desigualdad de la sociedad canaria es una tétrica caricatura de la realidad de un conjunto de estados, entre ellos el español, en el que 30 familias se reparten la riqueza del estado y tan solo tres acumulan más de 11.200 millones de euros. Según la revista Forbes, 10 de los 100 millonarios más ricos del mundo son españoles, resaltando que la media de edad estos se sitúa en 66,5 años y tan solo 9 personas tienen menos de 50 años, reflejándose también aquí la gran brecha intergeneracional que sufre este país. Prácticamente todas las fortunas son legadas y heredadas y su rasgo común es la internacionalización de del capital en Luxemburgo, Países Bajos y Suiza, fundamentalmente. Curiosamente, la familia Real española no sale en la lista porque, siguiendo los alegatos de la revista, la riqueza del monarca hoy por hoy sigue siendo una incógnita y lo seguirá siendo aún cuando se apruebe esa eufemística ‘ley de trasparencia’ de la que tanto hablan. La foto de la sociedad española, con atrezo tosco, es la de generaciones de latifundistas, inmobiliarios, banqueros e industriales herederos del franquismo que siguen dominando la esfera económica y política (recordemos que la crisis ha hecho que tan solo en el último año el número de ricos haya crecido un 13%), mientras la mayor parte de la población sobrevive en condiciones aún más precarias.
Esta desigualdad tan pronunciada ha sido una constante durante la historia de un Estado español administrado por la Inquisición, el latifundismo, el centralismo, el fascismo y, recientemente, por el bipartidismo. Cada una de las naciones que se han ido conformando bajo las fronteras del Estado ha emergido desde el resentimiento hacia un poder monopolizado por los de siempre, en cualquiera de sus formas, y cuyos diversos resultados coinciden en la exclusión y la represión de la diversidad y el sometimiento humano y territorial a los caprichos de muy, pero que muy pocos. En naciones tradicionalmente mediáticas como Euskadi y Catalunya estos fenómenos son claramente visibles y, durante el tiempo, se ha ido relacionando más directamente con la cuestión nacional, pero en otras como Extremadura, Andalucía, Asturias, Aragón, Galicia, Canarias, etc., con pocos minutos en los telediarios, sus dramáticas situaciones sociales suelen ser olvidadas y la relación con su identificación como comunidad nacional parece tenue. Pero la exclusión constante y la represión recurrida de la diversidad la hemos sufrido todas. (Fin de la primera parte)
Ancor Mesa Méndez es sociólogo y Doctor en Psicología Social
