La tesis de que “ante intereses contrapuestos de España y Canarias, España siempre apostará por los suyos propios” aparece bien documentada en el fantástico ensayo Entender Canarias, del periodista grancanario José Agustín Alemán. Muchos son los ejemplos históricos que allí se citan para apoyar la citada tesis. Uno especialmente relevante, a mi juicio, es el que trajo como consecuencia la retirada de la flota pesquera canaria del banco canario-sahariano. Adolfo Suárez impuso los intereses nacionales -o sea, los intereses nacionales españoles- y hoy somos extranjeros en nuestras propias aguas.
Quienes todavía lean El País podrán encontrar otro ejemplo jugoso de esto que les digo en el editorial del domingo, 16 de agosto de 2014, titulada “Sondeos justificados”. Uno no espera de la prensa, de los medios de comunicación, objetividad y afán por conocer y divulgar la verdad, todo sea dicho. Ésos son ejercicios que los buenos periodistas ejercen a pesar de los consejos de administración de sus respectivas empresas y los capataces que enseñorean por las redacciones y estudios. Sin embargo, la desvergüenza del editorial con que nos obsequia el periódico de cabecera del grupo PRISA supera con creces los límites de lo que venía siendo acostumbrado en la prensa de la metrópoli.
Molesta mucho, según parece, el que el “trato colonial” que El País tilda de “afirmación falsa y demagógica” esté ahora en boca de todos, también del presidente de nuestro Gobierno, contra el que se carga especialmente en esta pieza, olvidando convenientemente que la postura del PSOE canario es idéntica. Denunciar la impresentable jerarquía antidemocrática entre metrópoli y colonia no resulta de buen gusto para según quiénes. Sin embargo, ¿cómo habría que de ser calificada entonces una decisión que ha sido tomada en contra de la práctica totalidad de las instituciones de las islas, su sociedad civil, organismos internacionales del ámbito medioambiental y científico, etc.? No se puede decir que haya sido precisamente un ejemplo de respeto a la voluntad popular. El matiz colonial viene además dado por la escandalosa diferencia de trato que el Gobierno de España da al archipiélago balear frente a las Islas Canarias. Otra vez los intereses contrapuestos entre España y Canarias. ¿Por cuáles va a apostar este gobierno y este ministro que no hace sino presionar a Repsol para que lleve adelante este proyecto de nimio interés para la multinacional? ¿Cómo se puede enmascarar que las mismas razones ambientales o de conveniencia para el sector turístico que se usan para impedir las prospecciones en Baleares, de repente no tienen la más mínima importancia en el caso canario? ¿Por qué se oculta que los sondeos tendrían lugar en aguas que no son de soberanía española? Nada de esto se dice en la editorial de El País. Pocos silencios resultaron tan reveladores.
Si ese párrafo es tremendamente ilustrativo, no deja de abundar el siguiente en la conveniencia de que España “inventarie” unos improbables recursos -a tenor de lo ocurrido con las exploraciones marroquíes- como si no se supiera que la legislación actual concede automáticamente los derechos de extracción a quien haya realizado los sondeos. Pareciera que Antoni Brufau es el Comandante Jacques Cousteau, movido exclusivamente por conocer las riquezas del medio marino, sin ningún interés crematístico. Se alude de manera tramposa a las dificultades energéticas de España pero ni se menciona, porque no interesa, que ésos no son los problemas de Canarias, que tiene un vastísimo campo de desarrollo en las energías renovables y que no necesita que una multinacional perfore en sus aguas. No son nuestras necesidades ni nuestros problemas. Le deseamos a España la mejor de las suertes a la hora de resolver sus límites en el campo de la energía pero, ¿por qué eso se tiene que hacer a costa nuestra? Dicho de otra manera: los problemas energéticos de España no los va a resolver una multinacional perforando en nuestras aguas y los de Canarias, los resolveremos nosotros tan pronto tengamos la soberanía necesaria para poder hacerlo y cambiar la infame legislación anti-sector renovables del ministro Soria.
Por último, quieren los editorialistas de El País terminar con una nota de sensatez estudiada, aludiendo a la necesidad del diálogo entre Repsol y las autoridades locales. O sea, accionistas de una multinacional tratando de “convencer” a representantes elegidos por las urnas. Ése es el concepto de democracia que defiende por lo visto El País. Así las cosas, es obvio que no podemos juzgar a esta publicación por hacer periodismo sino por mostrarse definitivamente como lo que siempre fue: un panfleto al servicio de los intereses del poder económico allá donde éste se manifieste. Acaso sea esta verdad incontestable, junto con el recurrente desprecio colonial, la mejor enseñanza que los canarios podemos extraer del editorial de El País.