El pasado martes se aprobó en el Parlamento de Canarias la nueva “Ley Canaria de Educación”, con votos a favor de todos los grupos parlamentarios, exceptuando los de los parlamentarios del Partido Popular. Una noticia, que a bote pronto, uno recibe con optimismo y alegría. Cabe destacar que ésta es una ley que nace como consecuencia de una Iniciativa Legislativa Popular presentada por organizaciones y colectivos de la enseñanza y que logró recabar más de 36.000 firmas ciudadanas a su favor.
“Gasto innecesario”, “no aporta soluciones reales” o “se aprobó sin consenso” son algunas afirmaciones de las voces más críticas. Sobre todo de aquellos “canariofóbicos”, esos que se tuercen el cuello mirando para Madrid y que desprecian cualquier proyecto que lleve Canarias como nombre y que tenga como objetivo hacer de este archipiélago un territorio más suyo, más autónomo. Cierto es que el documento no es perfecto, y a mí, particularmente y por momentos, me da la sensación de estar leyendo un manifiesto, una declaración de intenciones, falto de profundidad. Pero bueno, no me voy a poner tecloso, porque tener una ley propia de educación es un avance, en términos educativos, importante, así que saquemos los aspectos positivos que esta ley tiene y que no son pocos.
Lo primero y más importante es la apuesta clara por la enseñanza pública, tan denostada últimamente, aunque sigan aceptando los conciertos educativos. Pero hay muchas más propuestas que merecen su reconocimiento, como pretender hacer de la escuela un órgano más inclusivo e integrador, apostando por la igualdad de oportunidades y promoviendo medidas para actuar en entornos sociales desfavorecidos, además de una mayor conexión familia-escuela; también se marca como objetivo facilitar que el alumno tenga acceso al uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación, tanto dentro como fuera del colegio/instituto; propone que, progresivamente, los centros educativos lleguen a ser bilingües/plurilingües y desarrollar proyectos encaminados a la introducción de idiomas en los mismos; busca que la educación ambiental y natural sea uno de los ejes del currículo, puesto que es importantísimo educar en este ámbito en un territorio frágil como el nuestro; pretende disminuir el número de alumnos por aula y aumentar el profesorado, lo que conllevaría a una atención pedagógica más personalizada y, como último ejemplo, desarrollar el campo de la investigación, innovación y desarrollo educativo. Será el Gobierno Autonómico (el mismo del “no hay dinero”, el que le ha denegado a los centros educativos material didáctico, profesores sustitutos, infraestructuras renovadas o becas a estudiantes merecedoras de ellas) el que tendrá la labor de cumplir con su deber y ser justos con todos los que componen la red educativa de Canarias. Además, el ejecutivo canario tendrá que destinar a la enseñanza el 5% del Producto Interior Bruto. Habrá que verlo…
Por último, me gustaría detenerme en otro aspecto de dicha ley y que a mí,personalmente, me parece de una excepcional importancia: los contenidos canarios. Cito literalmente: “El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la identidad canaria y otros hechos diferenciales del archipiélago canario, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal”. Por ejemplo, cuántas veces nos hemos preguntado cuestiones del tipo: ¿por qué los niños canarios tienen que saber cómo se llama el río que pasa por Sevilla y no el nombre del barranco que tienen al lado de sus casas o de las islas e islotes que componen el Archipiélago Chinijo? ¿Por qué muchos de estos mismos niños hoy están hablando y escribiendo como si fueran de Salamanca? Ojalá esta ley sea la primera piedra que asegure las bases de una educación que parta del entorno más cercano del niño hacia lo universal, puesto que se ha tenido la manía en estas islas de construir la casa por el tejado una y otra vez. Sólo un dato no se nombra, la cantidad. ¿De qué tanto por ciento estamos hablando? Espero que sea lo necesario para combatir ese paupérrimo 20% de contenidos canarios que establece la ley estatal LOMCE, en su afán de una españolización absurda a través de los órganos educativos. Porque esa es otra función importantísima de esta ley, poder contrarrestar algunos efectos de la LOMCE porque, le guste al Gobierno español o no, la Ley Canaria de Educación y la suya tendrán que convivir.
En definitiva, a la espera de que ésta se ponga en funcionamiento, lo que espero sobre todo de la Ley Canaria de Educación es que logre cubrir esa carencia de canariedad que existe en las aulas del archipiélago, en el sentido más amplio de dicho término. Que vaya más allá de algunos conceptos básicos sobre geografía o naturaleza, como hasta hoy. Que se logre crear una verdadera Escuela Canaria y no meras escuelas en Canarias.