Si finalmente se confirma el anuncio de Asier Antona (¿quién es él para anunciar nada?) de que las empresas canarias puedan materializar entre un 30 % y un 40% de la Reserva de Inversiones de Canarias en el África Occidental, estaremos ante otra vuelta de tuerca más a un instrumento de política económico-fiscal que nació como mecanismo de apoyo a la economía isleña y puede acabar por convertirse en una especie de vía legal a la evasión de impuestos. En esto quedó, por lo visto, el proceso participativo y de discusión que anunció Paulino Rivero acerca del nuevo R.E.F. para el periodo 2014-2020. En breve sabremos qué fue de aquel acuerdo unánime del Parlamento Canario, que era contrario a que las cantidades no contribuidas en función de su vinculación a la R.I.C. acabaran generando “riqueza y empleo” -ya se vería en qué proporción- fuera de unas islas que hace años que no bajan del 30% de tasa de desempleo. Algo me dice, sin embargo, que la soberanía del Parlamento canario volverá a quedar ultrajada precisamente por aquellos que debieran defenderla. Hasta ahora, sólo conozco la reacción contraria de NC, bastante coherente con su política en estos temas desde casi siempre.
No me parece mal que las empresas canarias busquen crecer en su región geográfica natural. Creo que una política económica digna de tal nombre debería servir también de apoyo a dicho crecimiento, velando por que el interés empresarial no acabe con otros legítimos intereses que a Canarias como país le convienen: el desarrollo de los países vecinos no sólo a nivel económico sino humano, cultural,… el desarrollo en sentido amplio, vaya. Especialmente necesario es el que dicha expansión económica no sea a costa de los derechos laborales de una población históricamente maltratada por los intereses extranjeros y unos corruptos dirigentes políticos a su servicio; vincular esa inversión a sectores que también fueran de interés para las poblaciones del continente: energías renovables, investigación, educación, microcréditos,…; asignar un porcentaje de la misma a proyectos humanitarios de ONGs canarias y sus respectivas contrapartes, … ¿Por qué no? En eso precisamente consiste la política económica, en demostrar cómo ésta no es una disciplina aséptica que permanece al margen de las ideas y valores que se supone debe encarnar un proyecto político. Desconozco si la Comisión Europea hará alguna salvedad en ese sentido. Habrá que estar atento pero más bien tiendo a pensar que no. No tengo a Joaquín Almunia por un político especialmente sensible con estos temas. Tampoco es asunto suyo; es asunto de los canarios, aunque la mayoría se desentienda. No, al contrario, opino que esto no es sino otro episodio de la privatización, la apropiación, el robo descarado de lo que una vez fue patrimonio de todo el pueblo canario, de su acervo político-fiscal, para beneficio de unos sectores minoritarios y que empiezan a mostrar ahora su cara más terrible e insaciable, que sólo se acuerda de África, nuestro continente, para explotarlo sin mayores problemas de conciencia.
