La decisión del Gobierno canario de convocar una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas que Repsol, con el patrocinio del Gobierno de España, quiere realizar en nuestras costas merece, en opinión de Tamaimos, una reflexión en varios sentidos.
Es fundamental empezar por lo evidente: este anuncio constituye una victoria de la movilización ciudadana y popular que viene recorriendo las islas desde que se conocieron los planes de la petrolera, apoyados con el mayor de los descaros por el Ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del Partido Popular en las Islas Canarias, José Manuel Soria. A esos cientos de miles de ciudadanos les cabe en primer lugar el honor de haber movido al Gobierno canario a convocar esta consulta. Esta lección de unidad y firmeza debe quedar en la memoria de todos los canarios para los desafíos presentes y futuros que se presentarán con toda seguridad a nuestra sociedad. Es esa misma memoria la que no deja que olvidemos hoy que quienes enarbolan la bandera del ecologismo contra las prospecciones, apoyan también los atentados medioambientales de Tindaya y Granadilla.
Aunque es más que previsible que la celebración de la consulta sea rechazada por la negativa del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el Gobierno canario debe tener el coraje suficiente que esta ocasión histórica merece para seguir adelante con ella, dando la oportunidad a los ciudadanos de las islas de que expresen su opinión sobre las prospecciones petrolíferas. De no ser así, quedaría al descubierto la verdadera naturaleza de la propuesta, rebajada a maniobra electoral en clave interna de Coalición Canaria y de exposición del aislamiento del Partido Popular en las islas. A Paulino Rivero le corresponderá semejante deshonor así como a sus socios del Partido Socialista si se prestan a ese juego.
Celebrar esta consulta sería, en sí mismo, la máxima expresión del rechazo canario a un Gobierno español, que ningunea a nuestra sociedad, nuestras instituciones y toma decisiones que jamás tomaría en el territorio español. ¿Qué prueba más evidente que ésta hay de que los intereses de Canarias y de España en este tema son contrapuestos y de que el Gobierno español, obviamente, siempre va a optar por los últimos? Asimismo, el pueblo canario debe aprovechar esta oportunidad para tomar nota de quiénes apoyan su capacidad de decidir sobre sus propios asuntos y quiénes le niegan tal posibilidad, arrogándose la potestad de dirigir nuestra tierra desde casi dos mil kilómetros de distancia.
Si finalmente, tal y como deseamos, la consulta popular se realiza, estaremos abiertamente del lado del NO a este despojo colonial que pretende imponernos un modelo energético caduco, llevándose fuera de Canarias todos los beneficios y dejando en nuestras costas las más que posibles pérdidas ambientales. No sumaremos a las terribles dependencias que ya padecemos el convertirnos en el chiquero de una multinacional sólo porque al Gobierno español así le convenga. Pero, sobre todo, estaremos del lado de todos los que piensan que sólo los canarios debemos decidir en aquellas cuestiones que afectan a Canarias, como expresión clara del autogobierno de un pueblo que dejó hace mucho tiempo atrás su minoría de edad, aunque el Gobierno de España, el Ministro Soria y el Consejo de Administración de la petrolera Repsol quieran negarlo. Que sepan todos ellos que en la arena estamos plantados, dispuestos a fajarnos en la brega hasta tumbarlos.