¿Quién, en San Bartolomé de Tirajana, contrató -suponemos que con dinero público- a una empresa riojana para hacer esto? ¿Quién es el responsable? ¿Cuánto costó esto? ¿Alguien dimitirá o tratarán de solucionarlo echándole la culpa a Tenerife, España (nótese la ironía)? ¿Qué tienen que decir los profesionales del sector audiovisual canario ante todo esto? ¿Se quedarán sin respuesta estas preguntas?.
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