Un grupo de abogados laboralistas de LPGC, en coordinación con historiadores y activistas de la Memoria Histórica acaban de anunciar un descubrimiento sorprendente: en el plan de vuelo del Dragon Rapide no figura por ningún lado que Francisco Franco hubiera acreditado formalmente su condición de residente canario para acogerse al descuento del cincuenta por ciento en los trayectos Canarias-España.
Al parecer, el dictador, en aquella época, Comandante General de Canarias, se habría saltado la obligatoriedad para todos los ciudadanos residentes en las islas de presentar el certificado de residencia expedido por algún ayuntamiento en su vuelo Gando-Tetuán el 17 de julio de 1936. Si bien, el destino de Tetuán es hoy parte integrante del territorio marroquí, en la época en que sucedieron los hechos que hoy se investigan era parte de las posesiones españoles en África. Expertos consultados por Batata News arguyen que la histórica propiedad elástica del “concepto España” iría a favor de considerar el trayecto del Drago Rapide como uno de los vuelos con derecho a subvención. Esta elasticidad de lo que se pueda llamar España en cada periodo histórico no iría en detrimento de la obligación de presentar el certificado de residencia, máxime cuando sí consta que Francisco Franco exigió acogerse al descuento como residente canario. El historiador Hugh Thomas lo ha expresado así, “Franco se plantó en la oficina del aeropuerto y afirmó con toda rotundidad que era residente en las islas y que tenía derecho al descuento, mientras sacaba la pistola y daba un par de disparos al aire, tras lo cual no tuvo lugar mayor comprobación”.
En palabras del abogado Joaquín Urdaneta, “el hallazgo tiene una trascendencia enorme. Implica que estamos ante una ilegalidad en el origen mismo de lo que el franquismo llamó el Alzamiento, luego, todas las acciones derivadas de aquel hecho ilícito deben ser inmediatamente anuladas de facto y de iure, sin que quepa ser resarcido ni se origine derecho a indemnización alguna, por parte de los herederos familiares de Franco o de sus herederos políticos. De hecho, cabe impugnar ante los organismos internacionales correspondientes el actual sistema político, la Constitución de 1978, la monarquía parlamentaria y hasta el Estado de las Autonomías en base a aquella primera infracción.” Para Sergio Cadena, historiador especializado en la memoria histórica, las implicaciones legales y políticas de este hecho son extraordinarias, puesto que “estamos ante la posibilidad histórica, que jamás hubo ni durante la Guerra Civil ni la Dictadura, tampoco en la transición, de acabar con el franquismo, su democracia heredada y restaurar la II República. Nunca habíamos estado tan cerca”.
Fuentes del Ministerio de Industria, cuyo titular es el canario José Manuel Soria, han declarado a Batata News que “estamos ante un hecho complejo y que requerirá algo de tiempo y trabajo por parte de los funcionarios de este Ministerio pero estamos seguros de que al final aparecerá el dichoso certificado de residencia. A nosotros no se nos escapa ni uno y estamos plenamente convencido de que más tarde o más temprano encontraremos el papelito. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existían los controles actuales y todo era más rudimentario pero no podemos permitir que un certificado de residencia socave el orden constitucional que nos hemos dado los españoles. De hecho, José Luis Concepción se ha ofrecido a prestar toda la ayuda logística necesaria en un gesto que agradecemos al empresario del sector”.
