
Mucho se habló estos días de la carta que envió el Presidente del Gobierno al Presidente del Gobierno de España y con razón. Si uno quiere regodearse en las entretelas de un supuesto nacionalista chivándose ante el presidente español del aumento del número de independentistas en las islas, sólo tiene que leer este esclarecedor artículo de Juan García Luján.
Sin embargo, yo iba a proponerles otra cosa. Resulta que en la carta dichosa, Paulino Rivero insiste en un concepto que modestamente considero que, como mínimo, debiera ser cuestionado. Me refiero al concepto de “pacto tácito entre Canarias y España”, que más bien pareciera algo así como una “idea-fuerza” del nuevo nacionalismo criollo, La idea tiene cierto recorrido y uno la puede rastrear en algunos razonamientos de Victoriano Ríos, Juan Manuel García Ramos, José Agustín Alemán y hasta José Miguel Bravo de Laguna,… Pienso que se debe precisar algo más de qué se está hablando, máxime cuando parece ser que se pretende convertir al supuesto “pacto” en algo así como la base desde la que promover futuros “pactos”, acuerdos, status, estatutos, etc.
Creo que, en principio, cabe cuestionar la misma existencia histórica de dos sujetos en pie de igualdad que pudieran llegar a acuerdos. Sin meternos a historiadores, es bien sabido que la conformación de un sujeto político canario digno de tal nombre es algo más bien reciente y no falta quien, no sin razón, arguye que no existe aún cosa ni remotamente parecida. Hilando más fino, la propia idea de pacto presupone una capacidad de acuerdo que, si estamos pensando en quién estamos pensando, excede con mucho la realidad. Las oligarquías insulares de Tenerife y Gran Canaria –y no, Canarias- amagaron, jugaron al despiste y se fajaron más entre ellas que contra España, buscando garantizar sus intereses, poco compartidos por “Canarias” y los canarios. España, sus monarcas y gobiernos, cedieron en aquello que era inevitable ceder y poco más. Si fuera de otra manera, sería imposible comprender los siglos de subdesarrollo en tantos órdenes, sobre todo el económico y el político-institucional, no digamos ya el democrático. Resumiendo muchísimo, que ya es mucho resumir, es esa dinámica la que desde la Restauración de Fernando VII hasta la División Provincial en 1927 acaba asentando el acervo histórico, más como un arreglo entre pocos, aunque durante algún tiempo beneficiara a algunos más, que como un pacto entre Canarias y España. El REF supuso una reedición de esa misma dinámica, con nuevos actores y un nuevo contexto pero con los viejos materiales de siempre.
No estoy negando, ni muchísimo menos, la existencia de un acervo histórico, político, fiscal, etc. que desde el ámbito político se pueda reivindicar, aunque sí me asombre que quienes lo enterraron, ahora lo nombren a cada momento. Digo que el mismo no fue, como se quiere presentar, fruto de ningún pacto, ni siquiera tácito, sino una componenda de carácter colonial y neo-colonial de la que buena parte de la ciudadanía canaria quedó al margen. Una perspectiva así sería, a mi juicio, más acertada y colocaría las cosas en su sitio, esto es: la de un representante de la burguesía insular, amenazando con un independentismo de sainete, mientras negocia por debajo de la mesa la perpetuación de algo que se parece más bien poco a un pacto. Y, mientras tanto, la sociedad canaria, en sus cosas, tratando de sobrevivir, que no es poco, con sus brutales tasas de paro, pobreza, marginalidad… y cargando con una españolidad de una cada vez más que supuesta conveniencia.