Se está convirtiendo en una fea costumbre que cada poco tengamos que leer en la prensa sobre los malos modos con que se conduce el ejército español. Lo último viene a ser el emperramiento en instalar aparataje de comunicaciones en la montaña de La Muda, Fuerteventura, saltándose la legislación medioambiental, pasando por encima del ordenamiento municipal y despreciando el rechazo unánime que han expresado el municipio afectado, el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno, el Parlamento, las asociaciones empresariales majoreras y sobretodo los ciudadanos, manifestaciones de protesta ante la maquinaria pesada incluidas.
El Ministerio de Defensa se justifica alegando el supuesto interés para la defensa «nacional», que dice le exime de cumplir con los procedimientos de autorización establecidos. No es baladí lo de la defensa «nacional»: el equipo que se pretende instalar forma parte de un sistema conjunto más amplio destinado a la guerra electrónica y al espionaje, lo que convertiría a Canarias en objetivo militar. ¿Es interesante para la defensa nacional de Canarias que en caso de conflicto el Archipiélago sea objetivo prioritario de un posible ataque?
La nula voluntad de negociación, el ordeno y mando con que actúa el ejército en este caso no son más que un suma y sigue en la ya larga lista de encontronazos que viene soportando Fuerteventura de manos de la institución castrense. ¿Qué tipo de democracia es esta, en la que la simple invocación al interés para la defensa le pone la alfombra al ejército para que haga y deshaga como le plazca? ¿Qué tipo de democracia es esta, en la que el ejército no es capaz de sentarse con representantes de las instituciones y la sociedad a negociar? ¿Quién está al servicio de quién?
Decía más arriba que nos estamos acostumbrando a las salidas del plato de los militares, y no me refería sólo a la militarización que se palpa en Fuerteventura, con vuelos rasantes de helicópteros, presencia habitual de caravanas de vehículos militares en las carreteras o la poca vergüenza de ponerles armas en las manos a los niños. Recordemos también aquel famoso incidente de la mujer del general detenida por conducir en autovía en sentido contrario, que desató las iras del generalato (¿el interés para la defensa «nacional» también los exime de cumplir el código de circulación?). O el infame, desvergonzado desfile militar en Santa Cruz organizado nada menos que el 18 de julio, coincidente no por casualidad con el 75 aniversario del golpe de estado de Franco. Casi lleva a pensar en la mona vestida de seda.
¿Cuál es hoy el papel del ejército español en Canarias? Su presencia en la forma actual en el Archipiélago, ¿en qué medida beneficia o perjudica a Canarias? El caso particular de Fuerteventura es especialmente grave, por los efectos adversos para la vida y la economía de los majoreros, por no hablar ya del campo de tiro de Pájara, sito en terrenos expropiados forzosamente por el régimen franquista, y por tanto de manera ilegítima en democracia. ¿Cuándo se van a defender de manera seria y firme los intereses canarios ante el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España? ¿Y cuándo vamos a romper el tabú que supone hablar sobre el ejército en Canarias?
