Para José Miguel Ruano, Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, el próximo paso en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias será el reconocimiento de las islas como “Archipiélago atlántico”. Según uno deduce del uso de tal denominación, al parecer, la misma llevaría aparejada cuestiones tan interesantes como la creación de la Agencia Tributaria Canaria o la integración de las aguas interiores y el espacio aéreo. Paralelamente, se profundizaría en la plasmación de un catálogo de derechos y deberes para la ciudadanía canaria, que podría ser un elemento de mejora social muy importante. Y, de alguna manera, se buscaría conseguir un estatus específico permanente para Canarias dentro del Estado español, similar al que ya posee en la Unión Europea. Dejo esto aparte, porque de lo que quería hablarles en realidad es de que, en mi opinión, es una pena que, junto con estos temas, no aparezcan cuestiones como la profundización democrática de una sociedad que, si quiere de verdad avanzar, no lo puede hacer única y exclusivamente desde la soberanía y el incremento de su autogobierno, sino también desde la mejora de los mecanismos de representación y expresión de la voluntad popular. Dicho de otra manera, una Reforma del Estatuto que no aborde con decisión la reforma de la Ley Electoral no será sino un nuevo paso frustrado en la modernización de nuestro país. Y debe ser, además, una reforma no para mejorar las posibilidades de tal o cual partido, empeorando las de otros, sino para corregir los desequilibrios poblacionales y propiciar el que sean los ciudadanos de las islas quienes, mediante una lista nacional, elijan directamente al Presidente de su Gobierno. Entonces, podremos empezar a compartir parte del aparente entusiasmo de Ruano y sentirnos orgullosos de ese archipiélago atlántico.
