Que Domingo González Arroyo, el autodenominado Marqués de La Oliva, se acabe personando como acusación popular en las causas por las que está imputado José Manuel Soria, su hasta hace nada compañero y amigo dentro del Partido Popular, no es sino una muestra más del vodevil en que se ha convertido la política canaria. Cuando algunos pensábamos que Arroyo había pasado a la trastienda de la vida pública, llegó el PSOE en su afán regenerador ético de la política isleña y lo hizo Teniente de Alcalde, aunque uno piensa que le vendría mejor lo de Teniente a secas, por lo autoritario del personaje. Ahora, anda el Marqués pastoreando por las que cree sus tierras y resistiendo los embates de Soria y Génova con el fin de vender cara su piel y hasta morir matando, es un decir, y en esas cuitas llega hasta los juzgados, lugar que conoce bien. Uno, que no es sino un espectador foráneo de la política canaria, desde esta metrópolis extranjera, no puede dejar de asombrarse de estos caciques metidos a gestores de la cosa pública, que ellos siempre han llamado “cosa nostra”, para entendernos. Y como es lógico, se rasga las vestiduras ante esta acusación popular de quien no tiene autoridad moral para acusar a nadie y mucho menos en nombre de nosotros, el pueblo.
