Salpican a Coalición Canaria el Caso Arona, Caso Atlante, Caso Carreteras, Caso Corredor, Caso El Trompo, Caso Fórum Filatélico, Caso Grúas, Caso Las Teresitas, Caso Mamotreto, Caso Montaña Roja, Caso Siliuto y Caso Sinpromi. Está implicado el Partido Popular en el Caso Bragasgate, Caso Catis, Caso EOLO, Caso Faycán, Caso Góndola, Caso Lifeblood, Caso Mercadillos, Caso Parking Las Calcosas, Caso Parques Eólicos, Caso Piscina, Caso Salmón y Caso Santa Brígida. Representantes del PSOE están o estuvieron implicados en el Caso Paraíso y en el Caso Valle Gran Rey. El Caso Unión fue una trama urdida por el PIL (Partido de Independientes de Lanzarote). En total 365.269.511 euros es la cifra defraudada que se estima en tramas de corrupción en Canarias. Buena parte de los datos están extraídos o se desprenden de la web Casos Aislados.
Pese a ello, Clavijo afirmó en sede parlamentaria que la corrupción en Canarias es «inexistente». La diputada de Podemos, Noemí Santana, interpeló al presidente ironizando con la posibilidad de que se ruede en Canarias la segunda parte de Corrupción en Miami. Fernando Clavijo defendió que no había que confundir procesado con condenado y acusó a Santana de «denigrar» el nombre de Canarias. De los casos anteriormente mencionados, los cuales varios afectan directamente a su formación, es cierto que algunos quedaron archivados, pero son los menos. El resto se saldó con condenas o están todavía abiertos. Por lo tanto, existe un problema de corrupción de salida, que el presidente no ve o lo está enmascarando.
Tiene razón el presidente, no es lo mismo procesado que condenado. En Canarias 48 personas fueron llevadas ante los tribunales por delitos de corrupción en 2017, lo que arroja el dato de que Canarias fue la segunda comunidad del Estado en este ranking de dudoso honor. Según este estudio del Consejo General del Poder Judicial, durante el año se dictaron 126 sentencias de las cuales 93, el 73,8%, fueron condenatorias. Por lo tanto pueden pasar dos cosas: o los fiscales están aburridos, sin trabajo para hacer y se dedican a imputar a políticos o es que directamente hay una campaña contra la clase política. Casi uno de cada cuatro procesados, atendiendo a datos del estudio, es culpable según el dictamen de los jueces. ¿Existe o no existe, señor Clavijo?
Por reciente en su condena, tengo que pararme en el Caso Faycán, del que escribí hace unos meses en este mismo medio. El caso está visto para sentencia. Si ya fue dantesco convertir a 21 imputados en testigos, a cambio de reconocer los hechos, colaborar y así evitar la cárcel, ver a los abogados defensores quejarse de una campaña de desacreditación contra sus clientes, podría ser perfectamente guionizado por los Hermanos Marx. Si sumamos que el abogado del Partido Popular denuncia una campaña contra su partido, ya podemos montar un circo donde crecen hasta los enanos.
Trece años después de la trama, con el espectáculo de las aceptaciones de condena y con las quejas de los abogados defensores, el fiscal Luis del Río considera probada la trama, ya que los ex alcaldes no supieron defender su inocencia. Recordemos que de los 28 ya 21 habían aceptado su participación. Ante preguntas de la Fiscalía Castellano y Valido permanecieron en silencio. No supieron o no quisieron explicar cómo se reformó la sede del PP en Telde. Rehusaron ofrecer respuestas a los apuntes incriminatorios en la libreta de la que la Fiscalía considera la cabecilla de la trama, Toñi Torres, que se suicidó en 2010. Rechazaron aclarar la red clientelar de comisiones ilegales que tejió el gobierno municipal. No concretaron qué pasó con el dinero destinado a un programa de empleo que puso en marcha la Concejalía de Desarrollo Local, comandada por María del Carmen Castellano. El Fiscal, ante estas evidencias, cree probado que la trama no solo sirvió para la financiación ilegal del Partido Popular, no solo para la reforma de la sede del partido en la ciudad, sino también para aumentar el patrimonio personal de los todavía investigados.
Con este contundente informe de la Fiscalía, el caso queda a la espera de la sentencia del juez Salvador Alba, un juez considerado cercano al Partido Popular y en concreto a José Manuel Soria, y que ha instruido el caso de una manera tan anómala. Las dilaciones, los acuerdos y los paripés no podrán esconder el tufo a basura y a chorizo. Estas personas, elegidas por los ciudadanos, y aliados con asesores, administrativos y empresarios, se dedicaron a coger tu dinero, el mío y el de todos, y a enriquecerse, ellos, sus allegados, sus colegas y su partido, en singular. Hiede que da gusto, y el desodorante que le echen no le quitará el tufo.
Bienvenidos al circo de la corrupción, un circo «inexistente» para Clavijo pese a las evidencias. Si debemos diferenciar entre procesado y condenado, también deberíamos hacerlo entre una causa bien instruida y una mal instruida, una prueba es el Caso Faycán. También podríamos hablar de los errores en la administración de justicia, como en el Caso Corredor, que posibilitó al propio presidente respirar aliviado, qué curioso y qué inexistente todo. Convendrán conmigo, el presidente también, que esto de la corrupción es un circo. Cuando hablamos de que en un circo crecen los enanos, en el circo de la corrupción crecen, sin embargo, los ladrones.