«A primera hora de la tarde y en medio de los disturbios ocurridos en La Laguna resultó muerto el joven Javier R. Fernández Quesada natural de Las Palmas y estudiante de Biológica. Resultó gravemente herido el estudiante de Farmacia Fernando Jaesuría Martín, de 18 años, también natural de Las Palmas. El herido fue internado en el Hospital General y Clínico de Tenerife». Con esta lacónica información da cuenta El Eco de Canarias, del 13 de diciembre de 1977, del asesinato de Javier Fernández Quesada a manos de la Guardia Civil. «Dolor y serenidad en el duelo», destaca la misma publicación el 14 de diciembre, día en que el cuerpo del joven llega a Las Palmas, donde es velado en su casa de Triana, se oficia la ceremonia religiosa, en la Iglesia de San Telmo, y es enterrado en el cementerio de la ciudad. La prensa de la época habla de disturbios, de ataques contra la Guardia Civil y de incidentes varios, sin poner el foco en las circunstancias del asesinato a quemarropa de Javier.
Pero para entender por qué la Guardia Civil abre fuego contra un joven estudiante de 2º de Biología de 22 años, tenemos que entender el contexto. En tiempos de bendición del proceso que concluyó con la aprobación de la Constitución de 1978, casos como el del estudiante demuestran que no fue un proceso etéreo. En Canarias se registran al menos seis víctimas mortales a manos de fuerzas policiales o en medio de protestas en el lapso de tiempo entre 1975 a 1980. Si hablamos de todo el Estado, el historiador Mariano Sánchez Soler en su libro La transición sangrienta cifra en 591 las víctimas mortales, 188 asesinadas por el propio aparato estatal, todo ello en el espacio de tiempo entre 1975 y 1983. Si contamos los heridos, las víctimas por violencia política son casi 3.000. Hoy en día una rotonda de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda a Belén María Sánchez Ojeda, un parque en La Laguna a Javier Fernández Quesada y si nos vamos fuera de Canarias, una escultura recuerda en la calle Atocha de Madrid a los abogados laboralistas asesinados en enero de 1977.
Sin embargo, pese a contar con esos espacios de recuerdo, pese a existir una Ley de Memoria Histórica, la Constitución y el proceso que la gestó siguen siendo percibidos con un aire triunfalista. «Reinó el consenso», afirman. Dice el historiador Sergio Millares que “la violencia política tiene una gran incidencia en la transición política en Canarias”. Por lo tanto, de proceso impoluto tiene poco y lo atestigua la prensa de la época, incluso con sus sesgos y límites. Enrique Badía escribe en El País una serie de artículos sobre economía canaria titulados “Canarias: tan solas, tan lejos” en diciembre de 1977. El periodista de El País destaca la dependencia económica, el abandono de la agricultura y el escaso desarrollo industrial. Estos rasgos unidos a la crisis económica de la época, provocó numerosos problemas sociales que desembocaron en una importante tensión social. Tal es la tensión social que Juan Cruz, enviado de El País, recoge en su crónica declaraciones del diputado comunista sevillano Fernando Soto. En ellas Soto afirma: “se necesita el apoyo de todos los pueblos de España para desmontar esta bomba de relojería que es el Archipiélago”. Nacionalismo de izquierda a derecha, de ayer y hoy.
El editorial de El País del 15 de diciembre se titula “Las islas desafortunadas”. En él se expone la delicada situación social del Archipiélago y la dependencia económica del Estado. Además pone el acento en el desconocimiento que tienen en España sobre Canarias. Como vemos, poco ha cambiado pero hace cuarenta años se decía y no pasaba nada. Pedro Fernaud, también para el diario de Prisa, escribe en octubre de 1977 una serie de artículos titulados “La cuestión canaria”, además de varios para la revista Triunfo, ya referidos. Fernaud destaca el difícil acceso de los canarios a un puesto de trabajo, en ese momento uno de cada diez canarios no tenía trabajo, dato, por cierto, que ha aumentado. También trata la urgencia de la puesta en marcha de un Estatuto de Autonomía a la prisa y corriendo, además de hacer un análisis del independentismo de la época, destacando el desarraigo del pueblo canario en busca de una identidad propia. En el interior, José A. Alemán, indica en su libro Canarias hoy que la verdadera crisis de la Transición política en Canarias es la ruptura violenta con la forma de vida anterior, que no es sustituida por otra forma de vida, sino que las actividades económicas se instalan sin transición, valga la redundancia. La eterna historia del monocultivo impuesto.
En este ambiente es asesinado un joven de 22 años, Javier Fernández Quesada, a la conclusión de una jornada de huelga en el transporte, el frío industrial y el tabaco. «No más disparos al aire», se puede leer en la más irónica de las pancartas de las protestas posteriores. Así zanjó el Gobierno Civil el tiroteo que acabó con la vida de Fernández Quesada e hirió a otros dos estudiantes de 18 y 13 años. El Gobernador Civil era Luis Mardones Sevilla, franquista declarado y que terminó su vida política en las filas de Coalición Canaria. José Luis Rodríguez Zapatero, en la despedida de Mardones en 2008, dedicó estas palabras al ex parlamentario: «puede irse tranquilo, ya tiene un sitio en la mejor historia de la democracia y del Congreso de España. Muchas gracias por todo lo que ha hecho y deseo que disfrute de la vida». Mardones consiguió imponer una versión que contradicen más de treinta testigos presenciales. La Comisión de Investigación del Congreso, con representantes de varios partidos de la época, elaboró en 1978 un informe de 59 folios. En él se concluía que la Guardia Civil había abierto fuego real contra los estudiantes, no disparos al aire, y que no fue probada la presencia de armas de fuego distintas a las de las fuerzas policiales. El informe fue rechazado y tras las versiones contradictorias de las fuerzas más conservadoras, quedó en papel mojado. Cuenta Rosa Burgos en El sumario Fernández Quesada, ¿una transición modélica? que la bala que mató a Javier Fernández Quesada se encuentra en el Congreso de los Diputados con la documentación del caso. Por lo tanto, hay una grave omisión de pruebas. Mardones y los agentes implicados salieron impunes y se pudieron retirar en sus respectivos puestos, el insigne político nacionalista como parlamentario. «Polilla», el agente que al parecer aprieta el gatillo, se jubiló dentro del cuerpo.
En las protestas de la época no hubo ni un solo parlamentario. Este martes 12 de diciembre, cuando se cumplían 40 años del asesinato de Javier, el Parlamento de Canarias guardó un minuto de silencio. El desinterés, a veces connivencia, de ayer, es la condena de hoy, aunque probablemente no por todos. Empero el sacrosanto proceso no es revisado, restaurado y suplido en la actualidad, por ejemplo, con la dichosa reforma constitucional. Y también, por supuesto, con una revisión del Estatuto de Autonomía de Canarias. Soltar lastres, curar conciencias, dejar atrás a los que regaron sangre y dejaron un cementerio de sueños, sustituido por una solución a prisa y corriendo para no molestar al monstruo franquista y caciquil, también en Canarias. La metáfora de ese cementerio es la tristeza y la rabia el día del entierro de Javier Fernández Quesada en Las Palmas de Gran Canaria. «Si ustedes supieran la cantidad de proyectos, ideas y nuevas visiones de ‘la gente’ sobre Canarias por supuesto libre e independiente…. Todos estamos ganando confianza en un futuro cada vez más cercano para Canarias». A Javier le impidieron cumplir sus sueños.
Vídeo explicativo realizado por la Secretaría de Comunicación de Intersindical Canaria: